La expectativa por el fallo era comparable a la final de un partido de fútbol de la selección peruana (y mucho más ahora que la selección de ese país hace tiempo que no disputa una). Los estados de ánimo del Facebook de los peruanos estaban llenas de consignas antifujimoristas o links a los vídeos donde se podía seguir la lectura de la sentencia en directo. Las redes de los periódicos más importantes del país colapsaron, y poco a poco empezaron a aparecer las imágenes y declaraciones de quienes aplaudían esta noticia y de los que se lamentaban por ella.

Sin embargo, la aplicación efectiva de la condena de 25 años es un misterio. Desde los juristas que afirman un mínimo de 18 años de cárcel para Fujimori hasta la posibilidad de que la hija del ex presidente, Keiko Fujimori (quien encabeza todas las encuestas como próxima presidenta del Perú), indulte a su padre, hay un espectro de grises y de detalles que multiplican los posibles desenlaces hasta la incertidumbre.

 
Lo que sí queda claro es lo que muchos medios enfatizan, como la BBC: “Este fallo tiene repercusiones no sólo en el Perú sino también más allá de sus fronteras, ya que se trata de la primera vez que un ex mandatario constitucional latinoamericano es juzgado por crímenes de lesa humanidad en su propio país”. Aquella forma de realzar la noticia por parte del medio británico nos conduce a reflexionar sobre la posibilidad de que otros líderes latinoamericanos implicados en masacres, matanzas, desapariciones o como quiera llamárseles, sean, como mínimo, juzgados.

Tal vez esta sea la razón por la cual muchos eran escépticos en el Perú para que se aplique una sentencia en contra de Fujimori, pues ello podría sentar jurisprudencia para que el actual presidente de este país sea juzgado (ver recuadro). Sin embargo, la presión mediática era muy fuerte en el Perú, reclamando que se aplique todo el rigor de la ley. Los jueces implicados en el proceso estaban en la mira de todo el país (a veces, la prensa sirve para algo).

Por otro lado, hay una lista de ex presidentes y dictadores en la región que ya han fallecido y estuvieron acusados de participar en delitos de lesa humanidad. ¿Valdría la pena iniciar juicios y dictar sentencias póstumas? Las opiniones en contra de estas iniciativas serían las mismas que se esgrimen ahora en contra Ley de Memoria Histórica española o de las que se hicieron en detrimento de las comisiones de la verdad en Sudáfrica y el Perú. Y en países sudamericanos, como Chile, el mero hecho de debatir esta posibilidad es una acción temeraria.

No es lo mismo, pero en Europa hay personajes de menor actualidad y no implicados en masacres, como Galileo, que ya han sido simbólicamente juzgados y absueltos por los cargos que se les imputaban… ¿Por qué no hacer el mismo ejercicio con los dictadores y ex presidentes, cuyas muertes y las que ellos presuntamente produjeron siguen zumbando en nuestros oídos? -MC